Artículo de opinión · Junio de 2026

La motosierra sin doctrina

La pregunta llega siempre con la trampa puesta: si eres libertario, ¿defiendes esto? Y «esto» es un hombre en silla de ruedas que pierde su pensión sin que nadie se lo notifique, o cinco mil toneladas de alimento envejeciendo en un almacén mientras una olla popular raspa el fondo. La trampa funciona porque confunde el principio con su ejecución, como si cuestionar cómo se hace algo obligara a renegar de por qué se hace.

Conviene decirlo de entrada, para no repetirlo después: lo que sigue se apoya en normas públicas, actuaciones judiciales y denuncias atribuidas a sus fuentes. No imputo delitos ni doy por probadas las acusaciones pendientes de resolución judicial. Cuestiono decisiones, no personas.

El ajuste argentino era necesario: ningún Estado sostiene de forma indefinida el déficit, la deuda y la inflación con la que se gobernó este país durante años. Pero que el destino sea necesario no santifica cualquier camino. La tradición liberal, la que el propio oficialismo reivindica, de Hayek a Huerta de Soto, no se agota en reducir el Estado: exige garantizar el marco en que cada persona puede actuar libremente y donde el individuo es el centro de la sociedad.

La tesis de este artículo resulta incómoda tanto para quienes justifican toda decisión del Gobierno, como para quienes niegan que Argentina necesitara corregir sus desequilibrios: algunas de las ejecuciones más cuestionables del actual Gobierno argentino no representan un exceso de liberalismo, sino una renuncia a los límites que el propio liberalismo impone al poder del Estado.

Cuatro casos lo muestran. Cada uno encarna un fallo distinto; juntos dibujan un patrón.

I. Los alimentos inmovilizados

El fallo · Destrucción de valor

Es legítimo revisar las transferencias a organizaciones sociales con rasgos de gestión opaca. Auditar esos circuitos y sustituir los que se prestan al clientelismo es un objetivo primordial.

Lo que trascendió a la opinión pública en 2024 fue otra cosa. El Ministerio de Capital Humano mantenía inmovilizadas más de cinco mil toneladas de alimentos en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo, con partidas próximas a su fecha de caducidad. El Ministerio adujo que parte era stock de emergencia. Pero comedores y organizaciones denunciaron que la comida se echaba a perder mientras faltaba en los barrios. La Justicia federal intervino: el juez Casanello reclamó un plan de distribución, y el Gobierno, en vez de desarrollar uno, recurrió la intervención.

El gasto estaba hecho. Cada caja vencida es dinero público que se evapora. Un Gobierno puede negarse a comprar más; lo que no puede es presentar como eficiencia su incapacidad para repartir lo que ya tiene. Eso no es austeridad: es desperdicio con relato.

II. Las pensiones auditadas sin garantías

El fallo · Indefensión

Las pensiones no contributivas por invalidez habían crecido de forma llamativa: su cobertura pasó, según datos oficiales, de algo más del 18% al 41% de los titulares de certificado de discapacidad entre 2018 y 2022. Revisarlas era sensato. Auditar no es perseguir: es comprobar que quien cobra cumple las condiciones.

El problema fue el procedimiento. La auditoría avanzó con citaciones que no llegaban, domicilios equivocados y beneficiarios que supieron que habían perdido la prestación el día que no les entró el dinero. Una de las resoluciones la derogó la propia Agencia Nacional de Discapacidad, que a su vez acumulaba denuncias por presuntas irregularidades.

Una notificación no es efectiva porque el Estado haya enviado una carta. Lo es cuando el destinatario ha podido conocerla y responder. Quitar un ingreso básico a quien no tuvo ocasión de defenderse no es rigor: es dejar indefenso al más débil y llamarlo procedimiento.

III. El Garrahan

El fallo · Descapitalización

Ninguna institución debe escapar al control del gasto, ni siquiera la de mayor prestigio. El Garrahan, hospital pediátrico de alta complejidad y referencia en América Latina, no es una excepción. El problema es que se recortó por donde era más fácil: la partida de personal. Y en una institución como el Garrahan, el personal no es un gasto: es el activo.

Entre 2024 y 2025, asociaciones profesionales y sindicales reportaron más de doscientas renuncias por deterioro salarial. Las cifras varían según la fuente; lo que no se discute es que hubo un conflicto serio y una fuga de profesionales especializados.

El reproche es interno al propio liberalismo. Si la convicción era que el Estado no debe gestionar un hospital, la vía coherente era tramitar una privatización ordenada: tasar el activo, transferir su gestión y garantizar la continuidad asistencial. Mantenerlo público y vaciarlo por congelación salarial no es una política: es una negligencia. Un equipo clínico no es la suma intercambiable de sus miembros: cuando se fragmenta, se pierde un capital que tardó décadas en formarse y que, disperso, no se recompra.

IV. La DADSE y los medicamentos de alto costo

El fallo · Desabastecimiento

Este es el caso más grave, porque toca terapias que no admiten demora. La compra de medicamentos oncológicos y de alto costo es terreno fértil para la sobrefacturación, y auditarla era razonable.

La Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales fue intervenida y luego reemplazada dentro de una nueva estructura del Ministerio de Salud (Decreto 1138/2024). Durante el proceso, pacientes y organizaciones denunciaron retrasos en la entrega. Los tribunales dictaron medidas cautelares para asegurar tratamientos concretos. Algunas organizaciones llegaron a vincular las demoras con fallecimientos: es una denuncia que merece atención, no una causalidad probada.

No diré que la reorganización provocó muertes. Diré algo más sobrio: se interrumpió un suministro vital antes de tener listo el que iba a sustituirlo. El plazo de una auditoría y el plazo de un cáncer no son el mismo plazo. La legitimidad del control termina donde empieza una interrupción evitable del tratamiento.

El patrón

Cuatro casos, cuatro fallos. Destrucción de valor cuando se dejó caducar la comida ya comprada. Indefensión cuando se quitó un derecho sin notificación real ni ocasión de defenderse. Descapitalización cuando se vació el hospital sin privatizarlo ni financiarlo. Y desabastecimiento cuando se cortó un tratamiento antes de tener el sustituto. Ninguno de estos fallos se deduce de la austeridad ni del liberalismo: son fallos de instrumento.

Hay intervenciones que admiten velocidad y contundencia. Y hay intervenciones que exigen precisión quirúrgica: identificar con exactitud qué se corta, en qué orden y con qué garantías para quien queda afectado. Aplicar la motosierra donde hacía falta el bisturí no es un exceso de reforma: es un error de diagnóstico. Y los errores de diagnóstico los pagan siempre los mismos.

La conclusión

Limitar el Estado no es solo reducirlo: es impedir que actúe a su antojo. Exige que notifique, que motive sus decisiones, que deje defenderse al ciudadano y que responda por lo que administra. La coherencia de una doctrina se mide cuando sus principios atan también a quienes la invocan.

El imperio de la ley no es una traba que se aparta cuando estorba a la reforma: es la línea que separa transformar de atropellar. La motosierra que respeta esa línea corta privilegios, gasto improductivo y redes clientelares. La que cita a domicilios fantasma, vacía hospitales sin reemplazo y deja caducar la comida no reduce la peor versión del Estado: la repite. Y cuando la herramienta que venía a terminar con el abuso adopta sus métodos, lo que se corta ya no es gasto: es la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y la legitimidad del propio ajuste.